Gustavo Mohme, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, saludó este miércoles la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se exige al Estado venezolano restaurar la frecuencia de transmisión en señal abierta a Radio Caracas Televisión, después de que en 2007 el canal quedara fuera del aire.
El fallo determina “la devolución del Canal 2 a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV)” y exige al Gobierno de Venezuela acatar y cumplir la sentencia de inmediato.
La SIP celebró la decisión de la corte.
“Hace justicia (la decisión) al devolver este medio a quienes les fue usurpado en forma ilícita y discriminatoria, luego de que cayeran en desgracia con el Gobierno venezolano por practicar un periodismo libre, crítico e independiente”, señaló Mohme.
Mohme resaltó que las amenazas contra el canal y sus trabajadores “demuestran cuán implacable puede ser un Gobierno cuando quiere cercenar el derecho del público a la información”, por haberse hecho antes de la confiscación y el calificado como robo de los equipos.
La sentencia de la corte sobre el caso Marcel Granier y Otros vs. Venezuela data del 22 de junio, pero fue dada a conocer el lunes.
La corte indicó que el Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia del Canal 2, desde el que transmitía RCTV, devolver los bienes materiales incautados, pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegrar costas y gastos.
Además, deberá “realizar procesos de asignación de frecuencias en forma transparente, así como rendir un informe, en el plazo de un año, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, calificó de “victoria ejemplar” la resolución del tribunal.
“Más allá de reconocer la legítima actuación de un medio independiente del Gobierno y de desnudar la opresión del régimen venezolano, ordenó que los procesos de asignación y renovación de frecuencias sean conducidos de manera abierta, independiente y transparente de ahora en adelante”, indicó Paolillo.
“Aquí se muestra un camino riguroso que deben seguir todos los gobiernos dentro del sistema interamericano, ya que en muchos países advertimos que existen procesos oscuros en los que las asignaciones se manipulan para premiar o castigar a medios y propietarios según su afinidad”, expresó.
A expensas del TSJ
El caso RCTV se remonta al 27 de mayo de 2007 cuando, por orden directa del fallecido presidente Hugo Chávez, el Gobierno cerró la emisora de señal abierta y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión.
Este miércoles, el agente del Estado venezolano para los derechos humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, Germán Saltrón, afirmó que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que ser sometida a criterio y análisis del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para definir si es aplicable o no.
Saltrón dijo que se trata de una sentencia “ilógica, porque internacionalmente las concesiones radioeléctricas son del dominio público y están bajo control del Estado de cada país”.
Agregó que los organismos de derechos humanos no son tribunales supranacionales y, por tanto, no están por encima de la legalidad interna de los Estados.
PUBLICADO: 09 de septiembre de 2015