La sentencia judicial que condenó al dirigente político opositor venezolano Leopoldo López a casi 14 años de prisión propicia reacciones de gobiernos latinoamericanos, que comienzan a alzar voces para solicitar transparencia y respeto a los derechos en el país.
La Cancillería de Chile señaló el sábado, dos días después de que se dictara sentencia al coordinador nacional de Voluntad Popular por presuntamente instigar a la violencia, que había seguido con atención el proceso y espera que “se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar una sentencia de primera instancia”.
El lunes, la Cancillería venezolana emitió un comunicado de respuesta, en el que instó a las autoridades chilenas a “no inmiscuirse en asuntos internos de otros Estados” y en el que expuso temas de los que asegura que Chile debe preocuparse y debe resolver. Entre otros, señala las “violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo mapuche” (indígenas del sur del continente).
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, es el único gobernante que ha tomado posición ante la condena a López, criticando la sentencia dictada. Después de ello, el lunes la Cancillería costarricense indicó que “ve con preocupación el enjuiciamiento de Leopoldo López y cuatro dirigentes estudiantiles”.
El Gobierno del presidente de Perú, Ollanta Humala, hizo un llamado a que prime el diálogo, y exhortó a las fuerzas políticas del país a que mantengan la paz y la tranquilidad.
Paraguay, por su parte, expresó mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores que espera haya pleno apego al debido proceso y efectivo respeto de los derechos en el caso del dirigente de Voluntad Popular.
“Paraguay siempre ha defendido de manera intransigente la plena vigencia del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, pero no por ello ha sido menos categórico en la protección de los derechos fundamentales del hombre, como sus derechos civiles y políticos”, expresó el Gobierno de ese país.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el excanciller uruguayo Luis Almagro al frente, pidió el viernes que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia. “La Secretaría General de la OEA espera que la siguiente etapa procesal de apelación, para la cual se cuenta con 10 días, se lleve a cabo cumpliendo las reglas del debido proceso y en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, añadió.
La sentencia a López fue condenada por los Gobiernos de Estados Unidos y España, por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional y políticos opositores de toda América Latina.
El Gobierno de Uruguay, a cargo de la presidencia pro-témpore de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), no se ha pronunciado sobre el juicio a López, pero el lunes comentaron sobre el tema dos senadores miembros de la coalición gobernante, el Frente Amplio (FA).
“Venezuela está en una situación delicada, pero no se arregla esto violando los derechos humanos, quitando derechos a los opositores y, de alguna forma, enturbiando el sistema electoral”, dijo el senador Rafael Michelini.
Michelini definió a López como un “preso político” al que el Gobierno de Nicolás Maduro, dijo, quiere alejar de las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela.
Daniela Payssé, del sector Asamblea Uruguay del FA, opinó que la condena es “desproporcionada” y emplazó a los organismos internacionales a que “ayuden a revertir una situación compleja que hay en Venezuela”.
Agregó: “Venezuela está preocupando a toda América Latina”.
PUBLICADO: 15 de septiembre de 2015