El proyecto de Ley de Comunicación Social interpuesto por el dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la Cámara de Periódicos Regionales, Gastón Guisandes, ante la Asamblea Nacional el pasado 13 de agosto, hoy es objeto de crítica y alarma para quienes ejercen el periodismo en el país.
La desprofesionalización del oficio, la creación de un ente paralelo al Colegio Nacional de Periodistas, la posible derogación de la Ley de Ejercicio del Periodismo, y la censura como sanción disciplinaria, son algunos de los aspectos sobre los que el gremio llama la atención y las razones por la que rechaza el texto jurídico, que actualmente reposa en la Comisión de Medios del parlamento a la espera de su revisión.
Según el artículo 2 de la norma, son comunicadores sociales todos aquellos que se dediquen a tal actividad “de manera consuetudinaria, continuada en el tiempo y en forma organizada” a través de su “ordenador” o cualquier otro medio de comunicación, aún cuando no hayan cursado la carrera. Pues, según reza la exposición de motivos, el ejercicio de la comunicación “no puede estar restringido, y menos por una ley, a un limitado número de personas”.
Para Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, la aprobación de esta ley, pondría en duda la credibilidad de la labor peridodística. “Sin bien es cierto que la tendencia mundial es la valoración del periodismo ciudadano y la ampliación del espectro de la comunicación, no se puede pretender que esto se convierta en una tierra baldía, donde cualquiera pueda ejercer el oficio; esto es ingenuo y bastante peligroso. Toda profesión está regida por unos principios éticos y técnicas que se enseñan en las escuelas y demás mecanismo de capacitación”, explicó.
Gremio paralelo
La medida también plantea la creación de un nuevo gremio: El Colegio Nacional de Comunicadores Sociales, con la intención, afirma 
Balbi, “de crear una estructura paralela que sustituya al Colegio Nacional de Periodistas. Y una segunda, aún más peligrosa, establecer un registro y control de los comunicadores y periodistas de Venezuela, pretendiendo que esta nueva agremiación sea de carácter obligatorio y se convierta en una condición para poder ejercer la profesión”.
Para David Natera, presidente de El Bloque de Prensa Venezolano y del diario Correo del Caroní, el planteamiento no es otra cosa que “un instrumento plegado a la consigna hegemónica del régimen que no merece el más mínimo respeto”. Incluso califica al proyecto de “absurdo”.
Afirma que la iniciativa no podrá prevalecer en el país: “suficiente con todas las legislaciones que este gobierno ha implementado para eliminar la libertad de expresión”. En esto coincide Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias, quien descarta que la medida sea aprobada por el parlamento: “No creo que ningún diputado este de acuerdo con ese proyecto”. No obstante, considera necesario una discusión de la propuesta para una mejora de la ley vigente.
“Hay una gran cantidad de periodistas y medios de comunicación donde se ejerce la profesión sin que se cumplan las normas establecidas en el colegio. Eso revela la necesidad de revisar la ley vigente de colegiación de periodistas”, señaló Díaz Rangel.
Cerco al libre ejercicio
Los artículos 17 y 18 son “sin duda los más peligrosos en cuanto a las agresiones y limitaciones de la libertad de expresión, fomentan la censura previa y la autocensura", destacó la directora ejecutiva del IPYS.
El primero establece que los comunicadores y periodistas no podrán escribir o difundir información sobre una persona sin que esta sepa que se está escribiendo sobre ella: “se consideran faltas inexcusables, publicar o difundir informaciones o noticias que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave o irreparable, a persona que desconozca cuanto vaya a publicar o difundir el comunicador social, conociendo éste, las consecuencias de la o las publicaciones a efectuar o efectuadas”.
El segundo también considera “inexcusable” informar sobre “situaciones irrelevantes” que expongan al descrédito público a alguien y menciona la prohibición de informar sobre hechos “que nada tienen que ver o en nada influyen en la noticia o información que se pública o difunde ni en el desenlace”.
El incumplimiento de dichas disposiciones podría desembocar en “el pronunciamiento de un veredicto de liberación de responsabilidades o de censura al o los involucrados”, pudiendo causar la expulsión del gremio, reseña el artículo 15.
La propuesta de ley, contentiva de 18 artículos, aún no ha sido estudiada. Por los momentos reposa en la Comisión de Medios del parlamento, la cual se espera que sea evaluada cuando el máximo ente reinicie sus actividades el próximo 15 de septiembre.
PUBLICADO: 03 de septiembre de 2014