Karen Hollihan, guayaquileña residente en Miami, opositora al gobierno de Rafael Correa, presentó una denuncia contra la cadena Telesur, por acusarla, sin pruebas, de haber sido reclutada por la CIA en 2008 para estructurar, coordinar y financiar las operaciones en Ecuador, para intentar desestabilizar la democracia en su país. El programa transmitido en junio (y todavía disponible en YouTube) en toda América Latina y los EE.UU, afirma que “Hay una fuerza oscura, oculta y clandestina que tiene la intención de destruir la democracia. Hoy, vamos a demostrar la capacidad de la CIA en Ecuador”. También se acusa a activistas ecuatorianos de derechos humanos como la ex candidata presidencial Martha Roldós, y dos coroneles en retiro, Mario Pazmiño y Alberto Molina, que tienen en común su crítica con el gobierno del Presidente Rafael Correa.
La verdad: Hollihan tiene estudios médicos en Ecuador y Europa, se dedica en Miami a los negocios inmobiliarios y pertenece al Instituto Interamericano por la Democracia (IID), grupo que aboga por la libre expresión y comercio en Latinoamérica, en la que la demandante, de 52 años, ha tenido una participación activa y llegó a integrar su directorio.
Su abogado, Michael Fasano, argumenta en la demanda que el documental “La CIA en Ecuador” en lugar de ser una investigación periodística, es “una colección de mentiras maliciosas e intencionales con el único propósito de dañar a Hollihan, el IID y cualquiera que se atreva a criticar al gobierno ecuatoriano o a Alianza País (partido oficialista)”. De hecho, añade que el informe muestra a varias personas, supuestamente reclutadas por la mujer, como desestabilizadores de la democracia. “Lo único que han hecho es criticar al gobierno de alguna forma”, explicó Fasano.
Añada que TeleSUR afectó la buena reputación de Hollihan como agente inmobiliaria y le generó estrés y severo daño emocional, al vincularla a una actividad criminal. Aunque la cifra no fue revelada con exactitud, trascendió que la defensa aspira un resarcimiento superior a los USD 15 millones. “Creemos que la cifra será bastante alta, por todas las entidades gubernamentales que auspician a TeleSUR”, añadió Fasado, confiado en que va a prosperar la demanda en contra de la Nueva Televisora del Sur C.A., con base en Venezuela, y TeleSUR LLC, de Doral, Florida, con un cargo de difamación per se y difamación por quod.
En la demanda se afirma que el gobierno de Ecuador pagó una productora de cine $ 718.265 para ayudar con la producción el documental. Tras su emisión, el programa fue ampliamente difundido en Ecuador por los canales de televisión controlados por el gobierno del Presidente Rafael Correa, y por El Telégrafo, el diario oficial del régimen.
PUBLICADO: 27 de septiembre de 2016