Aquello de que el pueblo es el soberano no es una frase hueca. No es el simple cliché que usan los demagogos de turno para embrujar a las masas. Una de las conquistas más importantes de la sociedad moderna es la de ser la depositaria de la soberanía de las naciones. Por lo tanto, el poder que reside en el pueblo es el que nombra y sustituye a sus representantes o delegados.
La opinión pública, como representación de los intereses diversos de la sociedad, actúa como una suerte de órgano contralor de los gobiernos en los cuales ha delegado la administración de los recursos del país y la implantación de políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Se entiende que los gobernantes se deben a esa opinión pública que se expresa de forma plural en procesos electorales a través del voto. En un régimen democrático ese deber es sagrado. De hecho, la constitución venezolana incluye la rendición de cuenta a los ciudadanos en términos de los recursos otorgados para la administración y de los planes presentados o promesas realizadas para ser electo.
Lamentablemente, todo eso queda en la teoría en el caso venezolano. Los presidentes de este país terminan siendo unos reyezuelos que administran nuestras riquezas a su antojo. Solamente hay que mencionar la forma como se ha dilapidado la mayor bonanza petrolera que conozca la historia de la nación.
Nuestro dinero ha sido usado a mansalva para regalar a diestra y siniestra todo tipo de exquisiteces a distintos países. Todo con la finalidad de garantizarse fidelidades perrunas en organismos internacionales cuando los gobernantes son emplazados por los problemas internos que se suscitan en el país.
Ninguno de esos regalos, hospital para Uruguay, compra de bonos basura a Argentina, ambulancias y patrullas para Bolivia, casas para Perú, aviones de guerra para Ecuador y un largo etcétera, ha sido consultado a los venezolanos. Lo más grave es que esas dádivas se hacen en menoscabo de la calidad de vida de los venezolanos.
Mientras que el dinero se ha malbaratado de formas inusitadas, los venezolanos deben sufrir las consecuencias. Los servicios de salud han descendido a niveles impensables. Ya el ciudadano no puede hacerse ni el popular perfil 20. Los pacientes de cáncer parecen condenados al olvido y por lo tanto a la muerte. Niños fallecen en nuestros hospitales sin que nadie sea responsabilizado por semejante violación al derecho constitucional y humano a contar con servicios sanitarios de calidad.
Ni hablar de los servicios públicos como la electricidad, el agua o los teléfonos. En el primero de los casos, vemos como el pueblo sufre de apagones permanentes. En los últimos quince años no se ha incorporado ni un solo reservorio de agua adicional para garantizar el suministro a una población creciente. La telefonía vuelve a tener los problemas del pasado. La simple reparación de una línea telefónica puede no resolverse y punto. De la otrora eficiente y confiable telefonía celular solo queda el fantasmagórico despojo.
Lo más grave e inaceptable es que quienes gobiernan no sienten la más mínima vergüenza por la magnitud
del desastre que le toca sufrir a los venezolanos. La calidad de vida ha disminuido a niveles de los países más pobres del mundo.
Desde las cúpulas podridas los capitostes del régimen exhiben un cinismo descarado. No les pasa por la cabeza la responsabilidad que tienen para con esa opinión pública a la que se reprime con fiereza al protestar por el empobrecimiento inhumano al que ha sido sometida en los últimos años. Solo se limitan a ignorarla.
José Vicente Carrasquero
Profesor de Ciencias Políticas en la USB y la UCAB. Además es consultor en Opinión Pública y Campañas Electorales
PUBLICADO: 17 de julio de 2014