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Mordaza en la web

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) presentó su reporte anual de Derechos Digitales 2020. "Acceso denegado" es el título del reporte, que deja claro cuáles son los portales con más evidencias de bloqueos en 2020 y lo que va de 2021 por parte de Cantv y algunas empresas privadas.  

 

Más de 4.000 episodios de censura en 153 medios digitales (67 nacionales y 86 extranjeros). 78 denuncias de violaciones a los derechos digitales. Bloqueos a sitios web de noticias. Detenciones arbitrarias a periodistas. Persecuciones y amedrentamientos a través de las redes sociales. Y procesos judiciales arbitrarios. Son algunas de las conclusiones a las que  ha llegado el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) en su reporte anual de Derechos Digitales 2020.  

Acceso denegado. Podría ser el nombre de un horrible thriller de suspenso disponible en Netflix. Pero es el nombre que le ha puesto el IPYS al informe con el que monitorea desde hace quince años la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. Y razones no le faltan.

En el informe queda claro que los portales con más evidencias de bloqueos en 2021 son Venezuela al día, el portal online VPI TV, que dejó de operar en venezuela luego de que el Seniat y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confiscara sus equipos en enero de 2021; El Pitazo, Punto de Corte y Armando.info. Amén de Alberto News, Vivo Play, La Patilla, Efecto Cocuyo, Aporrea, Diario La Mañana, Noticia al Día y, con menos incidencia, incluso medios de corte oficialista como Correo del Orinoco, El Universal y VTV.

Mientras que entre los principales portales internacionales con evidencias de bloqueos están NTN24, El Tiempo de Colombia, Infobae, Insight Crime, EVTV Miami y Sputnik.

Sin contar sitios web de organismos de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Organización  Mundial  Contra  la  Tortura  (Omct), que también han sido bloqueados, además de organizaciones  no  gubernamentales  venezolanas  como  Caracas  Mi  Convive,  Una  Ventana  a  la  Libertad,  Sin  Mordaza, Redes Ayuda, Sinergia, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Trans-parencia Venezuela, y Acceso a la Justicia.

En los bloqueos prevalecieron los impedimentos  de  tipo  DNS,  es decir, obstaculizaciones  a través de  la  ruta  de  conexión  web en la que los servidores del sistema de nombres de dominios (DNS) responden  incorrectamente. También las  interrupciones por  HTTP,  esto es, errores temporales de no respuesta de los puertos de conexión de la plataforma en el que los sistemas  de  los  proveedores  de  internet  no  reconocen  las  direcciones  web. Y en menor grado bloqueos de tipo TCP/IP, que se implementan impidiendo que un cliente establezca una conexión TCP a un servicio de internet.

Según el Observatorio de Internet (OONI), que se dedica a buscar hechos de censura, vigilancia y manipulación del tráfico en Internet, en 2020 se recibieron y verificaron 78 denuncias de violaciones a los derechos digitales de los venezolanos: 28 fueron ataques contra periodistas y plataformas de medios de comunicación, 25 fueron bloqueos a plataformas digitales informativas y redes sociales, 23 restricciones a la expresión en línea, y 2 limitaciones a la privacidad.

Mientras que solo en los cuatro primeros meses de 2021 se han registrado 36 casos de censura contra los medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

El caso más grave fue la detención arbitraria y el proceso judicial contra la periodista y escritora Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz. Ella, por escribir una crónica en su cuenta de Facebook acerca de la boda celebrada en Anzoátegui en plena pandemia y sin controles sanitarios. Él, por difundirla en las redes sociales. Ambos tienen medidas cautelares por orden de una jueza de El Tigre.

Pero también están allí la investigación y la orden de aprehensión contra los locutores Jean Mary Curró y Alex Goncalves, que en su podcast Nos reiremos de esto hicieran mofa pusieron en duda la gravedad de la enfermedad del animador David Capella.

Y las supensiones temporales  de  los  portales informativos Poderopedia, El Diario, La Gran Aldea y Qué Pasa en Venezuela, tras ser víctimas de ataques por denegación de servicio (DDoS). Un tipo de vulneración que igualmente  mantuvo suspendidos durante un tiempo los sitios  web  de  las  organizaciones  Acceso  a  Justicia  y  Movimiento  Vinotinto. 

El informe del IPYS no deja por fuera las amenazas, ataques y limitaciones a periodistas. Como los sufridos por Gregoria Díaz y Lorena Arráiz, corresponsales de IPYS Venezuela en Aragua y Táchira, respectivamente,  junto con Omaira  Labrador,  Ana  Cristina  Cortés  y  Yoerli Viloria,  atacadas  en  las  plataformas  de  Twitter,  Facebook, Instagram y Youtube. 

O como los que vivieron los reporteros Lenin Danieri y Karen Aranguibel, amedrentados en Twitter por el usuario @AdolfoOrtizA, que pidió  al  Ministerio  de  Salud  visitar  la  casa  de los dos comunicadores por supuestamente ser portadores del coronavirus. Por el periodista Luis Gonzalo Pérez, de NTN24, que recibió amenazas de agresión a través de la aplicación whatsapp. Jhonattam Petit, quien fue agraviado luego de advertir en la red social Twitter acerca de la apertura del Parque Nacional Morrocoy y el cobro de un monto en divisas por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Instituto Nacional de Parques (Inparques) para permitir el acceso de turistas.

En la lista están también los casos de Luisana Suárez, Víctor Amaya y  Yohana Marra, los tres víctimas de hostigamiento y amenazas en Twitter por parte de funcionarios públicos, ciudadanos y simpatizantes oficialistas, luego de difundir información de interés público relacionada con temas de salud, elecciones y sucesos.

Y el de Roberto Deniz, editor del portal de periodismo de investigación Armando.info, quien ha sido víctima de declaraciones agraviantes a través de las redes sociales luego de publicar una serie de investigaciones que develan el entramado  de  corrupción  del  Estado  venezolano,  dirigentes políticos y varios empresarios, entre los que destaca Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde, África, por ser investigado por Estados Unidos y Colombia.

 

 

 

 


PUBLICADO: 17 de mayo de 2021