Entre 40% y 45% de los comercios saqueados durante los blackouts eléctricos de marzo no está en capacidad de reabrir sus puertas, según estimaciones del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), lo que significará la pérdida de más de 2.000 empleos directos, sobre todo en el estado Zulia, donde hubo más de 500 establecimientos afectados.
Las pérdidas ocurridas en los apagones se cifran sobre USD 1.200 millones, a lo que habrá que sumar el impacto del esquema de racionamiento eléctrico impuesto por la administración Maduro que supone que, con las excepciones de Caracas, Vargas y Delta Amacuro, el resto de las regiones del país solo tendrá un día completo de suministro a la semana.
En declaraciones dadas a la agencia estatal española EFE, la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, afirmó que la capacidad de recuperación del sector Comercio que fue objeto de saqueos y actos vandálicos está severamente comprometida y las expectativas son muy complejas.
Lo más grave es que el vocero de la administración Maduro, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que el plan de "administración de cargas" podría extenderse por "30, 60, 90 días o hasta un año", a partir de la creación de los denominados "Estados Mayores Eléctricos", los cuales se encaragarán del "mantenimiento" de las instalaciones.
No es la primera vez que en el período chavista se aplican medidas de restricción temporal de servicios o actividades económicas que se convierten en permanentes. Por ejemplo, el Área Metropolitana de Caracas tiene cinco años de racionamiento de agua, a tal punto que, en promedio y en condiciones "normales", las urbanizaciones de los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo reciben entre 24 y 48 horas de servicio ininterrumpido a la semana.
Igualmente, el racionamiento eléctrico para la mayoría de los estados del país se venía aplicando desde 2010, y se vino a formalizar por primera vez en 2016. Igualmente, pasa con la situación de "emergencia económica" y los controles de precio y cambio.
Varios expertos ya han advertido que es muy poco probable .por decir lo menos- que el plan de "administración de cargas" se levante antes de 60 días, como mínimo, debido a que la infraestructura de Guri necesita reperaciones mayores.
PUBLICADO: 08 de abril de 2019