En los últimos siete años, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) Capítulo Venezuela ha registrado 2.331 casos de agresiones y coacción contra periodistas y medios de comunicación en los últimos siete años, que configuran claras violaciones a los derechos constitucionales de libre expresión y acceso a la información.
Sin embargo, el reporte Índice de Libertades Informativas IpysVe 2018 establece que este fenómeno ha escalado a tal punto que el pasado fue uno de los peores años para el ejercicio de la comunicación social en Venezuela en la última década y, sin duda, el más trágico para los medios impresos.
El Índice de Libertades Informativas IpysVe 2018 es "un estudio de percepción que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades".
Las cifras son concluyentes:
-266 casos de violaciones a la libertad de expresión.
-El Poder Ejecutivo fue el responsable directo de 166 violaciones, por lo que es considerado el mayor victimario y cercenador de los derechos de expresión y de libertad de prensa.
-477 periodistas se encuentran fuera del país, bien por falta de oportunidades de trabajo en Venezuela o por persecución directa, como ocurrió con los periodistas responsables del portal ArmandoInfo.
-81 agresiones contra medios digitales.
-67 periódicos impresos dejaron de circular.
-24 retenciones arbitrarias de profesionales de la comunicación.
-La medición del Índice sobre el acceso a la información registró una situación de RESTRICCIÓN GRAVE.
-69 alertas de restricción de derechos digitales.
Hubo casos que revelaron formas de coacción que, aunque no constituyen censura abierta, dejan en claro el clima general de persecución que viven los comunicadores. El Ipys refleja el caso de la retención del pasaporte del periodista Nelson Bocaranda Sardi, que no es, por cierto, el primero, pues ya existían los antecedentes de las anulaciones de pasaportes de César Miguel Rondón, actualmente en el exterior, y su esposa, la también periodista Floralicia Anzola.
Aquí se censura
Según el Índice de Libertades Informativas IpysVe 2018, la censura en Venezuela es sostenida y grave. Autoridades como el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) actúan como actores de política sistemática de ataque contra la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información.
Según los resultados que muestra la batería de indicadores, el país vive en RESTRICCIÓN FRECUENTE de la difusión y acceso a la información independiente y contrastada. Es un riesgo claro ejercer la comunicación en Venezuela y, aparte de los problemas económicos graves que enfrentan los medios, la censura es la principal amenaza contra la existencia misma de estas empresas.
La estructura industrial de la comunicación ha cambiado de manera radical en estos años, no solo porque 67 periódicos desaparecieron o se convirtieron en plataformas digitales, dejando una estela creciente de desempleo en el camino y deterioro de las condiciones de trabajo, sino porque la TV y la radio también han sido víctimas de la censura.
"Ipys Venezuela durante el 2018, que sumaron al menos 13 casos de restricciones a emisoras y televisoras ejercidos por Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones que desde el 2005 acumuló 112 medidas administrativas y sanciones a medios de comunicación nacionales.
Solo en 2017 las regulaciones de Conatel interrumpieron la señal de al menos 40 estaciones de radio. Un dato que sólo es comparable con la actuación que tuvo esta institución en 2009, cuando ordenó el cierre de 32 medios radioeléctricos, mediante una decisión que firmó Diosdado Cabello, su director en ese momento.
Un año después de estos actos discriminatorios que vulneraron el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso a la información, en 2018 la mitad de estas emisoras que fueron silenciadas está nuevamente al aire, y la otra se mantuvo apagada", sostiene el informe de la Organización No Gubernamental.
PUBLICADO: 03 de abril de 2019