Periodistas y medios fueron también víctimas de la violencia desatada por organismos de seguridad y cuerpos de "colectivos" armados en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, cuando un grupo de miles de voluntarios intentó introducir al país varios camiones con alimentos y medicinas, de Ayuda Humanitaria Internacional, este 23 de febrero, y fueron repelidos violentamente por orden de la administración de Nicolás Maduro.
La situación se hizo especialmente grave cuando supuestos "colectivos" dispararon contra el hotel donde se hospedaban varios periodistas venezolanos y de otras nacionales, con el evidente fin de generar terror e impedir que reportara la situación de anaquía que se estaba generando en la zona.
El Instituto de Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela registró varios casos muy graves este 23 de febrero:
-El periodista Gregory Jaimes y el camarógrafo David Guacarán, de la plataforma informativa digital VpiTV, fueron agredidos y robados por presuntos "colectivos" irregulares.
-El periodista Manuel Cardozo, de la emisora Ecos del Torbes 780 AM, fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando intentaba llegar a Colombia para hacer su trabajo reporteril.
-La periodista Mariné Glod y su camarógrafo Orlando Uribe, de Venevisión, también fueron atacados y robados.
-El periodista Lenín Danieri, corresponsal independiente de diversos medios, fue herido por un perdigón y la reportera sueca Annika Rothstein fue retenida por presuntos "colectivos" armados, quienes la golpearon y asaltaron en la zona fronteriza con Colombia.
-Funcionarios de la GNB le robaron la máscara antigas al videografo Cleybor Saint John de AP en Ureña; el camarógrafo de TVVenezuela y VivoPlay, Alonso Centeno, también fue atacado por estos supuestos colectivos.
Igualmente, el Ipys reseñó en su balance que Cantv bloqueó la página web de El Tiempo de Colombia, la cual permanecía no disponible a la hora de redactar esta nota, este 24 de febrero. El Ipys Venezuela y Open Observatory reportaron el bloqueo de la red social YouTube en horas del mediodía del 23F para impedir el funcionamiento de uno de los pocos canales que permitía conseguir información en directo de la situación en las fronteras con la llegada de la ayuda humanitaria.
El sitio de verificación Netblocks reportó igualmente el bloqueo de diversas plataformas de Google.
Al balance del Ipys, hay que sumar el hecho de la que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó sacar de las grillas de las operadoras de TV por suscripción las señales del canal español Antena 3 y la señal de Fox, NatGeo, el pasado 22 por emitir en directo el concierto internacional AidVenezuela. El 23 fueron suspendidas las emisiones de las dos señales del canal estatal chileno TVN, la generalista y el canal de noticias.
TV abierta en "Narnia"
Mientras se producían los graves sucesos en la frontera con Colombia y el enfrentamiento entre los miembros de la etnia Pemón contra efectivos militares y "colectivos" en Santa Elena de Uairén, los canales de TV abierta -Globovisión, Televén y Venevisión- no alteraron sus programaciones.
Nadie pudo ver por TV abierta los esfuerzos de los voluntarios por inttroducir al territorio nacional medicinas y alimentos de extrema necesidad, a pesar de que Venevisión y Globovisión tenían equipos destacados en la zona. Tampoco hubo cobertura directa de los pronunciamientos de los diputados de la Asamblea Nacional que estaban en la sala situacional de Chacao para monitorear la frustrada entrada de ayuda humanitaria.
No pocos usuarios de redes sociales demandaron que, una vez que se produzca una eventual transición política, las concesiones de estos canales sean revisadas. Más allá de que el derecho a montar y mantener medios de comunicación debe ser abierto y la industria debe funcionar en un mercado adecuadamente regulado para que se defiendan los derechos de los usuarios -entre ellos el de acceso a la información libre, responsable y contrastada-, es un hecho ya estructural que la TV abierta no informa adecuadamente a sus espectadores, lo que prueba el clima de censura que se vive en el país.
Sin embargo, la censura tan desatada como la represión no impidió que la inmensa mayoría de los grandes medios digitales, audiovisuales e impresos del mundo registraron la violencia y la insólita quema de dos camiones con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia.
23F: EL DÍA DE LA REPRESIÓN
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que las manifestaciones populares en apoyo del ingreso de la ayuda humanitaria fueron atacadas por organismos de seguridad y supuestos "colectivos" en al menos 12 estados. Como resultado de la represión desatada por la administración de Nicolás Maduro, se registraron 295 heridos, "en su mayoría, por heridas de armas de fuego, sustancias tóxicas y tratos crueles, humanos o degradantes".
La ONG detectó que supuestos "colectivos" usaron armas de fuego en Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Igualmente, se confirmó el asesinato de tres personas en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Se trató de José Hernández (26); Emir Barreto (20); Cheo Alexis Fernández Suárez (40). Todos por heridas de bala. “Existe información de otras cuatro personas asesinadas en medio de la represión del 23 de febrero en los estados Bolívar y Táchira, pero aún no han sido identificadas. Por tanto no las incorporamos al conteo general”, señala Marco Antonio Ponce, coordinador del OVCS.
El observatorio señala a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Civiles Armados pro gobierno, denominados Colectivos Paramilitares como responsables de la represión que se verificó en distintas zonas del país.
"Queremos destacar que esta no es una práctica aislada. Desde 2014 se ha venido empleando en Venezuela un patrón de violencia contra las manifestaciones, a través de cuerpos del Estado y grupos civiles que responden a intereses de quienes están en el poder desde hace dos décadas”, resaltó el coordinador del OVCS.
En el sistema de represión del Estado venezolano participan 10 componentes claramente identificados:
Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), FAES, PNB y civiles armados pro gobierno.
En la mayoría de las protestas donde actúan los colectivos armados se registran manifestantes asesinados o heridos de bala.
Uso de sustancias tóxicas y armas de fuego.
Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
Práctica de torturas.
Detenciones arbitrarias.
Detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche.
Allanamientos sin orden judicial.
Agresión a periodistas.
Procesamiento de civiles en tribunales militares.
"Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social rechazamos las acciones de represión y violencia amparadas por el régimen de Nicolás Maduro, hacia una población desesperada y vulnerable por el impacto de Emergencia Humanitaria Compleja y que exige pacíficamente el respeto a sus derechos humanos", dice el comunicado de la ONG.
En los últimos ocho años, el OVCS ha documentado 59.787 protestas, de las cuales 48.966 ocurrieron bajo el mandato de Nicolás Maduro entre 2013-2018.
PUBLICADO: 24 de febrero de 2019