El ex ministro de petróleo de Venezuela y dirigente chavista exiliado, Rafael Ramírez, entregó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, un documento de denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro contra ciudadanas y ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta en las calles del país, y donde detalla la situación de los cientos de presos políticos y perseguidos.
“Le informé y le expliqué en detalle, además, la situación planteada en Venezuela y los hechos de violencia que se sucedieron en las calles de Caracas y de otras ciudades del país, en el marco de las manifestaciones públicas del 23 de enero pasado, cuyos objetivos fueron especialmente las zonas populares. Denuncié la represión de Maduro contra las venezolanos y venezolanos más humildes, los mismos que apoyaron siempre a la Revolución Bolivariana”, indicó.
Ramírez denunció ante la Alta Comisionada que la represión desatada por parte de los organismos de seguridad del Estado, sin ningún tipo de escrúpulos, ha dejado más de dos decenas de muertos y heridos.
Ramírez entregó a Bachelet un documento con soportes detallados de la persecución de que son objeto los "Chavistas Chavistas" que no forman parte de la oposición tradicional de la derecha, pero que tampoco están de acuerdo con el gobierno de Maduro y que han sido apresados.
“Se trata de compañeros cuya prisión y torturas se mantienen invisibilizadas, porque, incluso, organizaciones que se dicen defensoras de los Derechos Humanos no se ocupan de estos casos”, enfatiza.
“Hablé de los más de 87 presos, entre ellos gerentes y trabajadores de Pdvsa y las condiciones infames de reclusión y asilamiento de que son objeto, además de la negación de sus derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, detalló el ex alto funcionario de Hugo Chávez.
Explicó a la alta funcionaria de la ONU, que hay además más de 100 militares presos del gobierno, en las mismas condiciones infrahumanas que sus colegas de la industria petrolera.
Ramírez, que vive en el exilio desde diciembre de 2017, puso en manos de Michelle Bachelet, pruebas irrefutables de su inocencia y recaudos de su caso como perseguido político de Maduro.
Le explicó en detalle que el gobierno abusa de su poder, y emplea los organismos del Estado a su conveniencia, lo cual evidencia la inexistencia de la independencia de poderes. “Todos están al servicio del gobierno”.
Ramírez le aseguró a Bachellet, con quien estrechó aún más sus lazos durante su desempeño como embajador de Venezuela ante la ONU, que Maduro ha utilizado la justicia para perseguirlo por sus posiciones políticas claramente en contra de la conducción que su gobierno ha hecho del país y, muy específicamente, de la industria petrolera, a la que ha destruido.
PUBLICADO: 25 de enero de 2019