En la Asamblea Constituyente pro gubernamental parece que toma la cuerpo la idea de liquidar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sustituirla por otra estrcutura, igualmente estatal, pero que suponga una suerte de "borrón y cuenta nueva" para el sector hidrocarburos en el país.
De acuerdo con un borrador de texto constitucional, obtenido por la agencia especializada en inteligencia de mercado energético, Argus, el artículo 342 del proyecto sostiene que "El Estado, por razones de estrategia nacional y soberanía política y social productiva, conservará la totalidad de las acciones de PDVSA mientras se crea un nuevo organismo o entidad para administrar la industria petrolera, incluidas sus subsidiarias, asociaciones estratégicas y empresas conjuntas".
Por otra parte, el proyecto refuerza de manera expresa el control del Estado sobre todo el sector hidrocarburos, incluida la producción de gas natural, donde las empresas privadas actualmente pueden tener mayoría accionaria en las empresas mixtas con Pdvsa, o desarrollar proyectos con 100% capital particular; sin embargo, con estas eventuales nuevas reglas de juego perderían esa posibilidad.
De aprobarse esta norma quedaría comprometido el proyecto gasífero Cardón IV, que llevan adelante la española Repsol y la italiana Eni, sin participación de Pdvsa. Se trata de un bloque de producción costa afuera, ubicado en el área costera occidental de la Península de Paraguaná, estado Falcón, donde actualmente se producen más de 500.000 pies cúbicos diarios, pero de concluirse íntegramente el desarrollo previsto puede llegar a producir 1.200.000 pies cúbicos por día.
Este proyecto es la única esperanza factible de un cierto desarrollo del negocio gasífero en Venezuela, que ha sido abiertamente descuidado por el Estado, al extremo de que ni siquiera el plan de gasificación interna para incentivar el uso de este combustible en el país, como una alternativa más limpia y económica, se concretó siquiera en parte.
Según la nota de Argus, "el Estado no renunciará a la propiedad de los activos de petróleo y gas del país y al control de todas las actividades relacionadas, dice el borrador del texto constitucional". La agencia precisa, con base en el testimonio de una fuente directa de la ANC, que el control sobre el sector energético será aún más absoluto, aunque no es evidente que el gobierno no se puede dar el lujo de excluir a los capitales privados.
De hecho, "el artículo 343 del borrador del texto constitucional dice que Pdvsa mantendrá una participación mayoritaria y un control de toma de decisiones sobre todas las empresas conjuntas de exploración y producción con empresas extranjeras", indica el reporte de Argus.
Antes del 10 de enero...
Según la versión de la agencia Argus, la nueva Constitución sería aprobada antes del 10 de enero de 2019, fecha en la cual vence el actual período de Nicolás Maduro como presidente de la República, con el fin probable de protegerlo ante un eventual desconocimiento de un amplio grupo de países que se han negado a avalar las elecciones del pasado 20 de mayo.
Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno socialista español, Josep Borrell, ha dicho que hasta esa fecha llegaría la legitimidad de origen del presidente Maduro, por lo que en el seno del parlamento pro gubernamental, también electo en circunstancias y métodos cuestionados, se extiende la idea de que el texto constitucional debe estar vigente para esa fecha.
En cuanto a la gestión del negocio petrolero, el borrador de proyecto constitucional obtenido por la agencia internacional sostiene que se privilegia el uso de tecnologías, desarrollos científicos y técnicas nacionales, y que las tecnologías extranjeras "solo se utilizará cuando no exista tecnología nacional o cuando la tecnología nacional sea insuficiente". Esto último no admite demasiados comentarios...
"El artículo 344 alude a las posibles reformas de las leyes de petróleo y gas existentes para garantizar el cumplimiento del marco de la nueva constitución para las empresas de petróleo y gas", dice la nota.
El "Modelo Paravisini"
En línea con la filtración que obtuvo Argus, se ubica la propuesta pública del constituyente y especialista pro gubernamental en materia petrolera, David Paravisini, quien preside la Comisión de Energía del parlamento oficialista, de crear una Corporación Nacional de Energía que fusione a Pdvsa, Corpoelec y a todas las empresas y filiales del sector.
Según este planteamiento, Pdvsa seguiría viva como una especie de filial de esta nueva entidad, la cual se quedaría con los pasivos pendientes, que incluye impagos por los Bonos 2020 y 2022 por más de USD 3.400 millones, mientras que la nueva empresa holding se quedaría con los activos.
La justificación de Paravisini es "romper con el esquema petrolero" y asumir una visión más integradora del sector energético; sin embargo, no queda qué se gana con crear una entidad que sería una simple acumulación de ineficiencias y pasivos onerosos.
Sin embargo, al parecer la propuesta de Paravisini no goza de amplio respaldo ni en la ANC ni en lo que ahora se ha dado en llamar "chavismo originario". El ex ministro Rafael Ramírez, en comunicación con Panorama, calificó esta posibilidad como un muy grave error.
PUBLICADO: 25 de octubre de 2018