Como el sector de medios impresos se ha convertido en una especie en vías de extinción, el foco de la censura gubernamental se ha centrado en los medios radioeléctricos independientes que quedan y en las plataformas de comunicación digital, con una campaña de acoso que aumenta su intensidad motivada, aparentemente, por dos razones: impedir que la protesta popular, tan creciente como dispersa, se organice y encauce, a la par de evitar que la situación de Venezuela mantenga su relevancia informativa a escala internacional.
La mano dura de Conatel se está haciendo más potente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó sobre las amenazas que se han hecho contra medios que procuran dar información independiente y contrastada sobre la muerte del concejal metropolitano Fernando Albán, mientras se encontraba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Desde el principio, el gobierno y sus múltiples voces en redes sociales han intentado imponer la tesis del "suicidio", a pesar de que el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, y el ministro del Interior, Néstor Reverol, dieron versiones distintas sobre las circunstancias específicas que rodearon el suceso; e incluso Saab se contradijo, al desmentir posteriormente su primera versión de los hechos.
Por supuesto, las amenazas no son abiertas; sin embargo, las denuncias que maneja el SNTP llevan a declarar al gremio en "situación de alerta". El capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), por su parte, alertó que las amenazas de detenciones "arbitrarias" y las restricciones a la libertad personal “afectan el derecho a la libertad de prensa e inhiben el debate público. Vulneran además el derecho de los ciudadanos a estar informados“.
No fue suicidio, fue "inmolación"
Aparte de las amenazas a los medios, también el gobierno busca acallar a otros sectores relacionados concretamente con el caso del concejal Albán. Su abogado Joel García -quien también ejerce la defensa del diputado Juan Requesens- ha sido sujeto de una medida de prohibición de salida del país, sin que medie ninguna causa penal en su contra, y su pasaporte ha sido anulado.
Además, Tarek William Saab -antiguo activista por la defenda de los Derechos Humanos- ha declarado que el organismo a su cargo encontró 1.272 notas de voz y audio, 1.200 documentos en whatsapp, chats y correos; además de 2.084 vídeos, que, en opinión del funcionario, “muchos de esos vídeos pudieran explicar la conducta lamentable del ciudadano Albán al atentar contra su vida”.
El abogado García advirtió que el Ministerio Público impuesto por la ANC no puede legalmente hacer uso de ese material, porque con la muerte de Fernando Albán se ha extinguido la acción penal. El jurista, entrevistado en Unión Radio, insistió en la necesidad de que una investigación independiente aclare las circunstancias en las que ex dirigente de Primero Justicia perdió la vida, en un suceso que ha conmocionado al país y ha causado una amplia repercusión negativa a escala internacional.
Varios opinadores oficialistas han aportado "hipótesis" de descargo sobre el hecho. En La Hojilla, su conductor, Mario Silva, dijo que la muerte del concejal habría sido planificada por el diputado Julio Borges, quien supuestamente habría amenazado a Albán para evitar que develara su participación en el atentado denunciado por el gobierno contra el presidente Nicolás Maduro.
Curiosamente, Silva usa como fuente una presunta información del portal Infobae, la cual fue posteriormente desmentida por los directivos del portal argentino, quienes la calificaron de "fake news".
En un editorial, Infobae, un medio censurado por el gobierno venezolano en 2014, señala que: "Ayer, la paradoja llegó a su máxima expresión. Fue cuando uno de los mensajeros de la dictadura, Mario Silva -conductor del programa ultrachavista La HojillaTV– falsificó con un grosero Photoshop una supuesta noticia publicada por Infobae. En ella intentaban inculpar al líder opositor Julio Borges por la muerte del preso político Fernando Albán. El régimen utilizaba la credibilidad de este medio para ensuciar a sus opositores".
La orientación de la estrategia del gobierno para contrarrestar el efecto nocivo que ha causado la muerte del concejal, al parecer, será presentar el supuesto "suicidio" como un acto de "inmolación", inspirado por las convicciones religiosas del dirigente político. En algunas plataformas digitales oficialistas ya circulan ataques contra la personalidad del fallecido.
Medios digitales de la periferia comunicacional pro gubernamental hablan de un supuesto "perfil psicológico" -por supuesto anónimo- del concejal fallecido que "explicaría" las razones que lo habrían inducido a terminar con su vida.
¿De verdad, se puede llegar tan lejos?
EL DELITO DE OPINIÓN
Los periodistas Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez se convirtieron en las más recientes víctimas de la censura abierta del gobierno, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó sacar del aire su programa Gente de Palabra, que se transmitía a través de la emisora de noticias del Circuito Unión Radio, 90.3 FM.
¿La razón? El ex candidato presidencial y ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonsky, cuestionó la legalidad de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo y abrió la posibilidad de que se repitieran con otras condiciones de convocatoria.
Para completar el cuadro, Moleiro, en su rol de entrevistador, se solidarizó con las afirmaciones de Capriles y así lo reconoció en su cuenta de Twitter: "A @Conatel le molestó, entre otras, que yo haya dicho que en este país no se hicieron unas elecciones limpias, decentes y justas, y que la sociedad democrática debería pedir que se repitan, que se hagan, unas verdaderas elecciones presidenciales. Como las de antes"
Conatel interpretó que tal declaración implicaba el "desconocimiento de la autoridad legítimamente electa" y se despachó todo el articulado constitucional que establece la libertad de expresión del pensamiento, el derecho a la información y la opinión libre y democrática.
Para Moleiro el dictamen de Conatel, de obligatorio cumplimiento por Unión Radio, es una "barbaridad".
Alonso Moleiro ha sido un periodista clara y recurrentemente crítico con el chavismo, por lo que asume la línea editorial cuerstionadora de su programa suspendido. Actualmente, también es corresponsal de El País de España, colaborador de TalCual y conductor del programa El Informe en la plataforma streaming, VivoPlay, entre otras actividades.
La emisora había recibido ya "exhortos" de Conatel sobre contenidos del programa de Moleiro y Olivarez, de la misma manera que ha ocurrido con otros espacios dirigidos por comunicadores con cervices rígidas, difíciles de doblar.
Estos "exhortos" son "advertencias amenazantes" que Conatel envía a las emisoras, donde se les recuerda el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad o "Resorte", que también aplica a medios digitales, aunque en este segmento los mecanismos de censura son otros.
PRODUCTO se solidariza con Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez ante este nuevo atentado contra la libertad de expresión en Venezuela.
Armando J. Pernía
PUBLICADO: 11 de octubre de 2018