El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció ante el 169° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Venezuela vive hoy una emergencia humanitaria sin precedentes, con la gravedad de que tiende a agudizarse mientras persista la omisión gubernamental para reconocer los errores y trabajar en consecuencia para solucionarlos.
Durante su presentación en la audiencia Situación humanitaria y mecanismos de control social en Venezuela, Marco Antonio Ponce, coordinador de la organización no gubernamental, indicó que durante este año se han registrado 8.372 protestas en todo el país.
“Esta cifra nos lleva a decir que 2018 se perfila como el año con mayor cantidad de protestas en los últimos siete años, superando los registros de 2014 (9.286 protestas) y 2017 (9.787 protestas) que fueron años récord de protestas”, manifestó.
De acuerdo con la ONG, los derechos más demandados este año han sido los laborales, que abarcan 3.492 protestas. Le siguen las 1.967 protestas por servicios básicos, las protestas por el derecho a la salud, que suman 783 casos, y alimentación, que representan 666 protestas.
“El principal problema que enfrentan los venezolanos deriva de las políticas que nos gobiernan. Hasta ahora la respuesta estatal ha sido mínima, insuficiente, parcial y represiva. El interés político y la permanencia en el poder han prevalecido sobre lo social y sobre el respeto a la dignidad humana”, enfatizó Ponce.
El defensor de los derechos humanos detalló que el quiebre institucional y la consolidación del autoritarismo, el incremento de la represión como respuesta gubernamental, la adopción de políticas económicas unilaterales, la discrecionalidad en los planes sociales, han hecho que los venezolanos vivan en una angustia permanente.
14 muertes en protestas
Como parte de la situación humanitaria y mecanismos de control social en Venezuela, el OVCS alertó sobre el sistema de represión implementado desde el gobierno, que ha dejado un saldo de 14 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. De esta cifra, 10 de las víctimas han fallecido durante protestas por alimentos y las otras cuatro en protestas por servicios básicos.
El coordinador del Observatorio de Conflictividad, precisó además que a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) y el Carnet de la Patria, el Gobierno ha consolidado y perfeccionado su sistema de represión, intimidación, discriminación, persecución y control político a la población.
“La inacción, intransigencia e indolencia del Estado están destruyendo la calidad de vida y el futuro de todos los venezolanos”, expresó Ponce.
PUBLICADO: 04 de octubre de 2018