Como parte de la intervención, el gobierno detuvo a dos gerentes de unidad de la corporación, lo que complica la situación. En su único comunicado hasta ahora, Smurfit Kappa deja colar que Venezuela representó menos de 1% de su Ebitda global, al cierre del primer semestre.
En medio del clima de persecución que el gobierno ha desatado contra las empresas que intentan ajustarse a sus medidas económicas, especialmente para pagar un aumento salarial de más de 3.000%, la respuesta de la multinacional de empaques, Smurfit Kappa, a su intervención fue un escueto comunicado donde niega las acusaciones y deja colar que su operación en Venezuela representa menos de 1% de su Ebitda.
Esta empresa es el principal proveedor de cartones corrugados y empaques para el sector alimentos del país, con más de 60% del mercado, según fuentes extraoficiales. La misma empresa señaló, en su reporte del primer semestre de 2018, que las pérdidas acumuladas por su operación en Venezuela alcanzan a 1.200 millones de euros, o 1.395 millones de dólares.
La multinacional negó las acusaciones los presuntos delitos de ejercicio ilegal de posición de dominio, especulación con precios y discriminación, ya que aparentamente se negaba a vender empaques a la estatizada Aceites Diana. Además, también se acusa a la compañía de violaciones a la Ley del Trabajo.
Al señalar que la operación en Venezuela representa menos de 1% de su Ebitda, la empresa dice que se trata de una actividad irrelevante para sus resultados financieros y, en cambio, le está generando una enorme pérdida económica.
El Ebitda es un acrónimo en inglés que traduce Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Amortización y Depreciación. Este dato revela si los negocios son rentables con sus ingresos ordinarios por operación. Los expertos financieros señalan que este es indicador crítico para demostrar la viabilidad de cualquier negocio.
De manera que Smurfit Kappa está enviando un mensaje a sus mercados donde dice que la operación en Venezuela es realmente insignificante para su actividad internacional, por lo que parece tener descontado el riesgo de estatización definitiva.
Otra cosa pasa con el mercado local, pues la importancia de Smurfit es muy grande para productores de diversos sectores, especialmente el de alimentos frescos, donde es casi el único proveedor competitivo.
La empresa tiene diversas líneas que abarcan a los sectores automotriz, consumo masivo, químico, y empaques especializados, aunque no todas estas áreas estaban en pleno funcionamiento antes de la intervención.
La situación se ha complicado, porque los servicios de Contrainteligencia Militar detuvieron a dos gerentes de unidad de Smurfit Kappa en Valencia, como parte del proceso de intervención de la planta carabobeña. La información, inicialmente suministrada por Reuters, es confusa, pues no se identifican los detenidos y, en medio del hermetismo impuesto a los trabajadores, poco se sabe sobre lo que ha pasado con la gerencia de la compañía.
En la cuenta de Twitter de la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) -@Sundde_ve- se habla simplemente de la detención de "dos ciudadanos" en relación con el proceso de intervención que se sigue a la empresa manufacturera.
Trabajadores de la empresa señalaron a PRODUCTO que las operaciones están prácticamente paralizadas en la planta valenciana y que se temen nuevas detenciones. Son pesimistas sobre su futuro, pues consideran que, seguramente, la compañía terminará definitivamente en manos del Estado.
Hay una parte del sindicato que comulga con el gobierno y esto es resultado de una estrategia de toma de gremios que el chavismo ha llevado adelante -no siempre con mecanismos democráticos- especialmente en el sector industrial, donde la libertad de organización laboral, consagrada en la Constitución, se ha perdido por la intervención política.
No se tiene conocimiento sobre si la alta gerencia corporativa ha contactos con el gobierno venezolano, pero la toma de control de la planta, por parte del gobierno, ya es absoluta, indican los trabajadores consultados.
Trabajadores protestan
Sin embargo, más allá del grupo de trabajadores que aparece en VTV, como representación laboral "legítima", en respaldo de la intervención, los sindicatos de las otras plantas de Smurfit Kappa en el país, ubicadas en Petare -estado Miranda- y en el estado Aragua generaron un comunicado donde se condena el procedimiento gubernamental.
El comunicado apunta que la intervención genera inquietud e incertidumbre entre la masa laboral y sus familias. Los trabajadores exigen el mantenimiento de su estabilidad laboral y respaldan a la empresa, al señalar que esperan "seguir trabajando y produciendo junto a Smurfit Kappa Cartón de Venezuela".
Además, un grupo de trabajadores se presentó en la sede del Palacio de Justicia del Estado Carabobo, en Valencia, para protestar contra las detenciones de gerentes ocurridas durante el proceso de intervención y ocupación militar de la planta.
La otra cara
La planta de Smurfit Kappa tenía un procedimiento abierto ante la Inspectoría del Trabajo por haber cerrado por "vacaciones colectivas" entre el 13 de julio pasado y el 5 de agosto, de manera inconsulta.
Los trabajadores que apoyan la intervención sostienen que ese cierre, que se concretó con un aviso colgado en el portón de acceso a las instalaciones, es la raíz del actual proceso de intervención.
La empresa, además, venía haciendo un conjunto de recortes, como la supresión del servicio de comedor para un turno completo y el cese de servicios de transporte, como mecanismo para reducir costos, e incluso intentó modificar los turnos de trabajo, a lo que la representación sindical se negó.
La representación patronal adujo que se trataba de una estrategia de ajuste por una menor demanda de productos, pero aparentemente no hubo una negociación adecuada con los trabajadores.
En la planta quedan unos 170 trabajadores, luego de que la nómina se redujo desde unos 250 puestos que había en 2017, gracias a una estrategia de "cajitas felices" de 1.800 millones de bolívares fuertes para concertar las renuncias, según testimonios de dirigentes sindicales, publicados en diversos medios.
LA "RAZZIA" DE LOS PRECIOS "JUSTOS"
Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) dio un primer "parte" de su guerra contra la especulación, donde señala que en la primera semana de vigencia de las medidas económicas, fueron detenidas 200 personas y sancionados más de 500 comercios, a escala nacional, por "diferentes delitos", tipicados en la Ley Orgánica de Precios Justos.
Los detenidos son, fundamentalmente, responsables de tiendas de cadenas farmacéuticas y automercados, que han sido puestos a la orden de tribunales bajo supuestos delitos de remarcaje de precios, boicot a la economía, especulación y acaparamiento.
Entre tanto, los comercios, independientemente de su tamaño o de si tenían facturas para respaldar sus precios finales, han sido sancionados con los tipos pecuniarios máximos previsto en la norma y obligados a rebajar sus precios a las escalas vigentes en julio pasado.
Además, los procedimientos generalmente son realizados con presencia militar y de los llamados "colectivos", así como de las autoridades locales.
La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, ha protestado por esta situación en diversos escenarios, pero la respuesta gubernamental es que no se justifican aumentos de precios, debido a que el Ejecutivo se ha comprometido a pagar el complemento de nómina por 90 días, los comercios tienen "ganancias acumuladas" por la "dolarización" de los precios, y se están "acordando" los costos finales con los productores.
La promesa es que esta redada contra los comercios continuará.
PUBLICADO: 25 de agosto de 2018