General Motors negoció un pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el que pagará 900 millones de dólares con el fin de poner fin a la investigación por los accidentes mortales que provocó un defecto en sistemas de arranque.
El mayor fabricante de carros de Detroit es acusado de fraude a los consumidores por ocultar el problema que causó más de un centenar de muertes.
La sanción se formalizó este jueves y es inferior a los 1.200 millones de multa a Toyota por el caso de la aceleración no intencionada de su modelo híbrido Prius. El fabricante estadounidense admitirá además los errores cometidos en todo el proceso, que le forzó a realizar una llamada a revisión en masa que afectó a varios de millones de vehículos y a gastos por 4.100 millones de dólares.
GM tardó más de una década en emitir una orden de revisión de los vehículos afectados por el problema en el sistema de arranque, fabricado por la empresa Delphi. Los carros se vendieron entre 2003 y 2007, y muchos seguían circulando por las carreteras de Estados Unidos. El defecto provocaba que el motor de se apagara viajando a gran velocidad o por un terreno irregular, lo que desactivaba la dirección asistida, los airbags y otros componentes.
La legislación federal obliga a todos los fabricantes que operan en Estados Unidos a comunicar con la mayor rapidez posible cualquier defecto técnico que detecten en sus vehículos y que pueda poner en riesgo la vida de sus ocupantes. El Departamento de Justicia considera que GM se saltó la reglamentación porque sabía del problema años antes de que se reportara al público.
El fabricante limitó inicialmente las muertes a poco más de una decena, por una treintena de accidentes. Pero la investigación dirigida por Kenneth Feinberg, el mismo que administró el fondo a las víctimas de los atentados del 11-S, elevó la cifra final a 124 fallecidos y 273 heridos. El plazo para solicitar una compensación por esa vía finalizó el 31 de enero.
PUBLICADO: 17 de septiembre de 2015