El oro se va por los caminos verdes

Apenas en 2011, más de una década después de que Hugo Chávez asumiera la Presidencia de la República, el Ejecutivo volteó su mirada al sur del país. En las entrañas de las zonas más selváticas de Bolívar y al margen de las prístinas aguas que lo rodean, enormes socavamientos dejaban ver la destrucción causada por cientos de mineros por un metal tan valioso como codiciado: el oro.
A pocos kilómetros de la anarquía desatada por la “bulla” del oro (minas muy productivas) el mismísimo Chávez desde las estructuras metálicas operadas por manos estatales para su procesamiento en CVG Minerven aseguraba, sin dejo de contrición, que el oro era una riqueza nacional.

Prometió, entonces, no solo acabar la mafia y el contrabando, sino convertir el mineral en reservas internacionales, una puerta abierta al oro amonedado o en barras así como a los diamantes y “demás piedras o metales preciosos”, depositados en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV) y en instituciones financieras del exterior calificadas de primera clase, según la reforma a la Ley de la máxima autoridad monetaria, dictada vía Habilitante en noviembre de 2014. Los bombos y platillos sonaron. Los decretos se firmaron. La gente de los pueblos del sur celebró. Pero nada pasó.

La firma del Decreto 8.413 –el 23 de agosto de 2011– reservó al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a éstas, extinguió las concesiones mineras y obligó a las trasnacionales –que hasta entonces contaban con la anuencia del Ejecutivo– a migrar a un esquema mixto que no fue aceptado.

De las cantidades de oro extraídas de cualquier mina o yacimiento, establece el Decreto, el Estado tiene derecho a una participación de 13% y todo el oro obtenido de la actividad minera en el territorio nacional es de obligatoria venta y entrega a la República, a través del BCV.

Todo, explicó el entonces ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, formaba parte del Plan de Acción Estratégico Conjunto para el Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero, a través del cual Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) haría una alianza estratégica con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para que el desarrollo minero apuntalara al petrolero.

Pero fue al contrario. La operación en las deterioradas plantas auríferas decayó y los gastos operativos y de personal de la industria del oro pasaron a ser financiados por el crudo criollo, el maná nacional, ése que Arturo Uslar Pietri llamó a sembrar para el futuro.

El Decreto, que además daba participación preferente a los pequeños mineros, fue modificado tres meses después y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.063 del 15 de diciembre de 2011, otorgando una prórroga para las negociaciones con los titulares de concesiones mineras y la pequeña minería. Sin embargo, la ruina en las plantas de procesamiento continuó en la misma proporción que la anarquía de la minería ilegal prosperó, sepultando varios planes orientados a reducir la minería ilegal como el Plan Piar, el Plan Caura y la Reconversión Minera.

Ese año, mucho antes de la firma del Decreto-Ley, el presidente Chávez hablaba durante un Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores de “decenas de miles” de personas ejerciendo una minería ilegal “sin ningún tipo de control, depredando el ambiente, explotando, atentando contra la salud de la población”.

Mineros en la ilegalidad.

Cientos de mineros, locales y foráneos, siguen cavando en el subsuelo a todo riesgo en busca de la piedra preciosa.

El presidente de la Federación de Mineros de Oro y Diamantes de Bolívar, Abelardo Díaz, aseguró que el sector minero está en descuido absoluto, pese a que pudiera ser una rica fuente de ingresos para el país, vista su cotización a $1.176 la onza troy en el mercado internacional. “Hay muertos a diestra y siniestra y la destrucción ambiental se ha acentuado como nunca por el uso indiscriminado del mercurio”, expresó, al señalar que las Fuerzas Armadas pasaron a un segundo plano, dando mayor terreno a las mafias del oro que han prosperado sembrando su propia ley en las minas.

Los frentes con mayor concentración de mineros actualmente, dijo, son la mina de Cicapra en Guasipati (Municipio Roscio), las de Ikabarú en Santa Elena de Uairén (Municipio Gran Sabana) y el sector El Foco, La Aurora y El Valle (Municipio Sifontes), todas al sur del estado Bolívar, fronterizo con Brasil, en donde residen más de 100 mil habitantes, según el censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística. 45% de los hogares del sur viven en pobreza, revelan las cifras oficiales.

“El Gobierno ha demostrado nulo interés en las minas, todo ha sido letra muerta. No tiene recursos para controlar la zona minera, ni humanos ni financieros y las asociaciones y cooperativas desaparecieron por falta de respaldo de los funcionarios”.

Entretanto, el oro y otras piedras preciosas como el diamante se fugan sin dejar rastros ni estadísticas de producción. En 2011, el entonces ministro de Industrias, José Salamat Khan, precisó que entre 2008 y 2009, 53,2% de la producción de oro nacional no fue reportada al Ministerio de Industrias Básicas y Minería. La situación empeoró en el 2010 cuando de las 23,8 toneladas reportadas a nivel internacional, el Mibam registró sólo 6,99 toneladas, equivalentes a 29,4% del total.

El director de la Central Única de Minería del Sur, Thelmo Fajardo, coincidió en que la pequeña minería no está dejando nada al país, “porque el oro se va por los caminos verdes”.

Un gramo de oro se cotizaba en junio de 2015 en los municipios del sur de Bolívar hasta en 12 mil bolívares; mientras que al cambio con el BCV –precisó– obtendrían 7.500 bolívares. “Preferimos venderle al Estado venezolano, pero necesitamos que nos legalicen”.

En la ilegalidad, destacó, sobreviven cientos de mineros que han hecho de la actividad su medio de sustento económico en un enramado que va desde la mujer que vende la empanada, el taxista y el lanchero, “todos generan una movilidad, por eso es importante la legalización de la minería”, que anhelan con la tercera y última reforma del Decreto 8.413, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.150 del 18 de noviembre de 2014.

Son no menos de 17 mil mineros esparcidos en Bolívar, cada uno con una familia compuesta, en promedio, por tres personas más, lo que eleva la población que depende principalmente de este modo de producción a 68 mil personas aproximadamente, de acuerdo con un estudio del investigador en economía en pequeña escala, Sergio Milano, publicado en el documento “La realidad de la minería ilegal en países amazónicos”, realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

La distribución estimada es de 2 mil individuos como mineros artesanales o tradicionales; 5 mil individuos organizados para el trabajo con monitores hidráulicos (oro o diamantes, en aluviones o coluviones); 3 mil organizados para el trabajo en vetas y vetillas de eluviones (verticales y socavones); y 5 mil individuos organizados para el trabajo en balsas para la explotación en el fondo de ríos y de lagunas profundos, detalla el estudio.

Minerven en ruinas.

La situación en el aparato estatal aurífero es afín al desgobierno de la minería ilegal. El ocaso de CVG Minerven lo confirma. De la industria, adscrita al Ministerio de Petróleo y Minería, dependen 4 mil 300 trabajadores y la Memoria y Cuenta 2014 indica que al cierre preliminar de noviembre de ese año se habían producido apenas 878 kilogramos de oro fino de un plan original de producción de 4.289 kilogramos.

La meta contrasta con la capacidad instalada de la industria que desde 2011, al asumir las operaciones de las trasnacionales Rusoro y Venrus, se elevó a 8 toneladas de oro al año.

Pero aún con el eco estatal alardeando del rescate de las industrias y del oro como fuente estratégica de riquezas, el desplome fue progresivo. Las plantas Caratal, Revemin y Perú eran las tres procesadoras de material aurífero operadas por Minerven en El Callao, al momento de la nacionalización en 2011. Ese año, la estatal asumió el control de la planta PMG de la trasnacional de capital ruso Rusoro y la planta La Camorra de la mixta Venrus.

En una carta abierta publicada a mediados de 2014, el Frente Antimperialista y Socialista del eje sur del estado Bolívar alertó del descalabro de la industria aurífera al advertir de la toma de la mina Isidora, antes operada por la trasnacional Hecla, por parte de mineros ilegales. El mismo modus operandi se registró en las plantas Revemin y Perú, desmanteladas por grupos armados.

La industria estatal ha sido intervenida en dos oportunidades, primero en 2011 cuando se nombró una junta de recuperación y reimpulso que los trabajadores, aseguran, profundizó la crisis de la empresa; y luego en junio de 2014 cuando se suspendió de sus funciones al entonces titular de la empresa, Franqui Patines. Empero, nada ha devuelto el esplendor de la estatal, la más importante del sur de Bolívar, que servía de fuente de empleo y beneficios a los municipios El Callao, Sifontes y Roscio, principalmente.

Los últimos cambios en el tablero han sido claves, aunque aún sin resultados. En marzo de 2015, la Presidencia de la República ordenó la transferencia del 100% de las acciones de la estatal Minerven, en poder de la Corporación Venezolana de Guayana, a la Empresa Nacional Aurífera cuyo capital accionario está compuesto por títulos de Pdvsa y el BCV y, una semana después, ordenó la adscripción operativa y funcional de la Corporación Venezolana de Minería S.A., a la Vicepresidencia Sectorial para Economía y Finanzas.

José Salamat Khan, quien fue ministro de Industrias durante el 2011, año de la nacionalización del oro, fue designado presidente de la Corporación. Los movimientos surgieron en abril de 2015. Tres meses después, Khan no ha pisado el sur de Bolívar, con lo que el potencial aurífero del país sigue siendo una quimera.

María Ramírez Cabello