“El espíritu de lo que plantea hoy el país, frente a los tremendos problemas que tiene, frente a una guerra económica, a un proceso de agresión paramilitar, es un uso responsable de la información, consciente, que respete el derecho del ciudadano a ser informado, sin censura, con la verdad”, afirmó William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en la consulta sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, celebrada este jueves en el Teatro Bolívar.
La organización Espacio Público señala en su informe más reciente que “tras el inicio de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), mecanismo a través del cual el Ejecutivo espera desmantelar bandas delictivas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana prohibieron a los periodistas de sucesos que tomaran declaraciones en las afueras de la Morgue de Bello Monte a los familiares de las personas que murieron durante el operativo que se realizó en la Cota 905 en Caracas el 13 de julio”. Situación que evidencia como la censura y las limitaciones en el acceso a las fuentes oficiales, limitan el ejercicio periodístico en Venezuela.
Durante el primer semestre de 2015, el organismo registró un total de 147 violaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, esto representa una disminución de 61% con respecto al mismo período de 2014, año caracterizado por “numerosas movilizaciones de calle y un incremento en la represión a los manifestantes, en su mayoría durante protestas pacíficas”.
Espacio Público también se refirió a los señalamientos del director de Conatel, a través de la red social Twitter, sobre cuentas dedicadas a incitar el saqueo, en alusión a los saqueos ocurridos en San Félix, estado Bolívar. En esa oportunidad, el funcionario criticó la actuación de los medios en la red social, que difundieron información sobre estos hechos.
¿Sistema plural?
En su intervención durante la consulta del Plan de Derechos Humanos, Castillo señaló que “el debate sobre la libertad de expresión es ético, jurídico, político e ideológico”, que implica una discusión sobre la construcción de “un sistema plural, diverso, que respete la iniciativa privada, que respete el derecho a la comunicación popular de las comunidades” y en el que la comunicación tenga como objetivo mejorar el país y elevar el nivel informativo y que no sea utilizada como “un instrumento para ahondar los problemas, como un instrumento de la guerra y la desestabilización, y no de la paz”.
En los últimos 5 años fueron vendidos en el país al menos 25 medios de comunicación, en medio de procesos de compra-venta caracterizados por la opacidad, de acuerdo al trabajo de investigación “Propietarios de la censura en Venezuela”, realizado por el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, en alianza con Armando.info y Poderopedia. El trabajo demostró que en el caso de los medios regionales los nuevos dueños suelen ser empresarios vinculados con los poderes estatales, mientras que en impresos circulación nacional, se utilizaron empresas extranjeras como intermediarias que ayudaron a ocultar la identidad de los propietarios. Tras las ventas se evidenciaron el cambio en la línea editorial y el despido o la renuncia de periodistas y articulistas críticos víctimas de la censura.
Por otro lado, según estimaciones del Ipys, entre agosto de 2013 y abril de 2015, una docena de periódicos suspendieron su circulación por la crisis del papel prensa, que ha afectado a unos 40 medios a nivel nacional. El insumo ahora es suministrado –no siempre con regularidad y en las cantidades necesarias– por el Estado, a través del Corporación Estatal Alfredo Maneiro, pero no siempre en la cantidad necesaria.
Patricia González Chacín
PUBLICADO: 20 de agosto de 2015